El Dr. Carlos Mur es Gerente del Hospital Universitario de Fuenlabrada y Coordinador Científico de la Estrategia en Salud Mental del SNS. Además, es Secretario General de la Fundación Economía y Salud y coordinador de la línea estratégica número 5 del libro “100 Medidas que Mejoran el Sector de la Salud”, dedicada a la “Flexibilización de la gestión, cambios legislativos y buen gobierno: Buena gestión y transparencia”.

El grupo de expertos que coordinaste en los trabajos de elaboración del libro “100 Medidas que Mejoran el Sector de la Salud” coincidía en la necesaria profesionalización del gestor sanitario y de introducir esta figura en la Ley Orgánica de Profesiones Sanitarias. ¿Se está avanzando en este sentido?

En efecto, hay novedades y positivas. En varias CC.AA. se ha avanzado en la legislación vigente. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se aprobó la Ley para la profesionalización, gestión sanitaria y buen gobierno por unanimidad legislativa, pendiente de elaborar el Reglamento –aunque ya se han convocado dos plazas por este método, en el Hospital Gregorio Marañón y en el Hospital de La Princesa-. En Andalucía, Castilla y León, Región de Murcia y Principado de Asturias también se han publicado convocatorias de gerencias hospitalarias, con arreglo a principios de igualdad, mérito y capacidad, en libre concurrencia.

La figura del gestor sanitario debe aparecer regulada por la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. La profesionalización no debe limitarse a las funciones directivas, debe llegar al resto de las organizaciones sanitarias, formar parte de la cultura de todo el personal de la institución. Los beneficios de contar con directivos preparados son múltiples, para el sistema: eficiencia, sostenibilidad y un proyecto no cortoplacista, comprometido con el sistema sanitario, la calidad, etc…, más allá del partido político que gobierne, para la propia viabilidad del sistema; para los profesionales sanitarios: liderazgo, motivación e incentivación; y ,ante todo, para los pacientes: calidad, acceso a la innovación que ha demostrado haber aportado valor, sostenibilidad y viabilidad al sistema, orientación del modelo de atención a las verdaderas necesidades del paciente, entre otros.

Otra de las propuestas que apuntaban los expertos se refería a la necesidad de dotar al SNS de un marco reglamentario propio, ajeno a la Seguridad Social. ¿Cómo afectaría esto a la mejora de la gobernanza de nuestro sistema sanitario?

Sería un avance muy positivo, por respetar las diferencias intrínsecas a nuestro sistema. El flujo de ingresos y gastos de la Seguridad Social y la gestión del INSS tienen sus propios parámetros, pero la determinación económica de las necesidades en el sistema social o de pensiones no se construye igual que en el sistema de aseguramiento sanitario universal, cuya evolución es en ocasiones divergente. Y eso, depende del gasto sanitario, aunque prefiero llamarlo inversión en salud, concepto similar pero con sus matices.

No debemos olvidar que el gasto público en sanidad en España creció en 1.335,7 millones de euros en 2017, es decir un 3,97 %, hasta los 72.812,9 millones de euros, con lo que representó el 14,5 % del gasto público total. Esta cifra supone que el gasto público en sanidad en 2017 alcanzó el 6,26 % del PIB, lo que representa una caída de 0,13 puntos respecto a 2016, cuando el gasto sanitario representó el 6,39 % del PIB.

Como consecuencia, en 2017 España se mantuvo en la misma posición en el ranking de países por importe invertido en sanidad, en el puesto 10, pero en lo que respecta a su proporción respecto al PIB, España ha descendido del puesto 32 al 34 del ranking de los 192 países analizados.

Y en referencia al porcentaje que supone la inversión en sanidad respecto al presupuesto gubernamental (gasto público), España se encuentra en el puesto 50. Mientras que en gasto público per cápita en sanidad en España, en 2017 fue de 1.565 euros (1.768 dólares) por habitante, mientras que en 2016 fue de 1.538 euros (1.702 dólares), luego se produjo un incremento del gasto público en sanidad por habitante del 1,76 %, 27 euros (66 dólares) por persona. De esta forma, según su gasto público en sanidad per cápita, España se encuentra en la actualidad en el puesto 25 de los 192 países.

También se habló de la necesidad de una mayor transparencia en la gestión, no sólo rindiendo cuentas, sino mostrando cómo se ha beneficiado al paciente, al profesional y al contribuyente. ¿Cómo crees que mejoraría esta medida la percepción social sobre la sanidad?

Mejoraría notablemente la imagen del sistema, deteriorada por distintos hechos en la gestión económica del mismo, con debate continuo sobre su sostenibilidad y procedimientos.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público ha sido presentada como un elenco de amenazas, pero yo añadiría que supone múltiples oportunidades para el sector sanitario: desde la necesidad de publicar en el Tribunal de Cuentas los contratos menores, hasta fórmulas que apuestan por la pluralidad de criterios reales y la construcción de asociaciones para la innovación. Suponen una gran herramienta para mejorar la percepción social de la contratación y para incorporación de innovación en el sector salud. Y, además, permite desarrollar auténticas estructuras de partenariado beneficiosas para todos, incluidas las grandes empresas tecnológicas y farmacéuticas.

En definitiva, el sistema sanitario debe flexibilizarse con una adecuada movilidad de personas y capitales, estimulando la meritocracia y la competencia. Y, ante todo, la política de inversión pública en el sector debe permitir unos menores costes de los servicios dispensados a la sociedad, con reguladores independientes. Eso es lo que realmente mejorará la percepción social sobre la sanidad.

Una cuestión interesante que se propuso en tu grupo de trabajo, relacionada con la imprescindible interoperabilidad dentro del SNS, era la posibilidad de introducir el DNI electrónico a modo de tarjeta sanitaria que incluyera la historia clínica del ciudadano. ¿Crees que es factible la introducción de este sistema?

Es una medida imprescindible, pero no parece factible a corto plazo sin la colaboración generosa de todas las CC.AA., y recuperando decisiones vinculantes en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Debemos lograr la interoperabilidad de los sistemas de información socio-sanitarios, con información clínica unívoca al paciente y familiares (datos de salud accesibles en la nube de forma segura y descargable). Si el Consejo Interterritorial del SNS lograra avanzar en este proyecto, ya planteado en enero de 2012, el conjunto de los ciudadanos se vería altamente beneficiado.

Es sorprendente que el escenario actual de fragmentación origine pérdidas de equidad y faltas de asistencia en niveles como Atención Primaria, por ejemplo en desplazados durante el período vacacional. Hay registrados demasiados casos de pacientes madrileños desplazados en época estival en la Comunidad Valenciana, o pacientes aragoneses en las costas catalanas. Ese DNI electrónico ayudaría también muchísimo para lograr un adecuado registro y facturación inter-autonómica.