05/02/2020

El artículo 43 de la Constitución Española establece la continuidad de los servicios asistenciales como uno de los principios fundamentales sobre del derecho a la prestación de la salud de los españoles.

Por su parte la ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, señala en su artículo 7.1 que el catálogo de prestaciones tiene por objeto garantizar una atención integral y continuada entre la que se incluye la rehabilitación, la promoción y mantenimiento de la salud.

Finalmente, el Real Decreto1030/2006 establece en su anexo III apartado 8 al definir la cartera de servicios comunes a todas las Comunidades Autónomas, la rehabilitación de pacientes con déficit funcional recuperable y su tratamiento a través de los profesionales adecuados.

La pregunta que debemos hacernos es si la evolución de nuestros Sistema Nacional de Salud y sus avances van en la línea de asegurar la continuidad de los servicios, la atención integral y en el nivel adecuado cuando hablamos de los enfermos que ha sufrido un ictus.

Allá por el año 2008 el Consejo Interterritorial aprobó una Estrategia Nacional del Ictus, en la que ya se afirmaba que si bien los recursos y estancias medias para atender a los pacientes de ictus en fase aguda se situaba entorno a la media europea no sucedía lo mismo cuando hablábamos de la fase post-aguda y de rehabilitación.

Diez años después de aquella afirmación podemos asegurar que hemos avanzado en la atención en la fase aguda pero no podemos decir los mismo en la fase post-aguda y de rehabilitación, incluso no sería descabellado afirmar que hemos empeorado, entre otras cosas por el aumento de prevalencia de la enfermedad el ictus, cercana al 20% y con una mortalidad que ha decrecido gracias a las nuevas técnicas como la trombosis y la trombectomía. Antes fallecían uno de cada tres pacientes y hoy lo hacen uno de cada dos.

El ictus es la primera causa de discapacidad en España. Discapacidad que podemos evitar en un elevado porcentaje si aseguramos una continuidad asistencial mediante una rehabilitación intensiva y precoz con los recursos adecuados. La Fundación Casaverde presentaba un estudio en el que se determinaba que más del 60% de los pacientes que recibían una rehabilitación intensiva y temprana, recuperaban la independencia o bien necesitaban cuidados mínimos.

Es difícil comprender que ante estos resultados no se creen los recursos adecuados para atender a las mas de 40.000 personas que todos los años tras su alta hospitalaria, necesitan una rehabilitación intensiva. Y mucho más si pensamos que no solo estamos trabajando para reducir los déficits funcionales y mejorar la calidad de vida de estos pacientes, sino que estamos disminuyendo los costes al Sistema.

Por cada persona que rehabilitamos con un coste de 30.000€ aproximadamente, estamos ahorrando mas de 200.000€ que supondría tener a esta persona en situación de dependencia durante los próximos 12 años que pueden establecerse de esperanza de vida media tras sufrir un ictus.

Necesitamos urgentemente mover el foco, excesivamente centrado en la fase aguda, para trasladarlo a la promoción de la salud, atención primaria y secundaria y en las fases post-agudas asegurando la rehabilitación adecuada. Ellos: los pacientes, y el Sistema Nacional de Salud a través de sus presupuestos, nos los agradecerán.

Alberto Giménez Artés

Presidente Fundación Economía y Salud

Vía: http://isanidad.com/155986/anuario-isanidad-2019-la-sanidad-contada-por-sus-protagonistas/