Las casi nueve millones de personas mayores que hay en España también podrán salir a la calle, debidamente protegidas, el próximo 2 de mayo. El anuncio, que no se esperaba, lo pronunció ayer al filo de las 15.30 horas el ministro de Sanidad, Salvador Illa, acompañado de la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, tras la reunión en Moncloa con los líderes autonómicos conectados por multiconferencia con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Siempre con el condicionante de la evolución que siga la pandemia de coroanvirus en los próximos días, el escenario que se verá en nuestras calles desde el sábado será, con suma cautela, uno más parecido al convencional: los niños invaden ya las calles; los adultos podrán dar paseos en compañía de las personas con que convivan; podrán hacer ejercicio individual; y los ancianos podrán soltar las piernas en paseos cerca de sus hogares. Según los geriatras, esto propiciará un gran beneficio físico y emocional a personas a las que el último mensaje apocalíptico que se les dio fue que serían la última franja de edad en pisar la calle. Incluso, se barajó la posibilidad de mantenerlos recluidos hasta final de año por ser la principal población diana del patógeno asesino Covid-19. El ministro de Sanidad quiso tranquilizar a la población que más ha sufrido el coronavirus.
Giménez enfatiza que los geriátricos fueron los primeros en adoptar medidas de aislamiento, pero se les abandonó a su suerte
Illa no descartó, sin embargo, que haya que pedir una prórroga del estado de alarma el 9 de mayo. «Es demasiado precipitado» negar que haya que prolongarlo quince días más, dijo Illa.
La población más afectada
Los últimos recuentos elevan por encima de 16.000 los ancianos muertos en residencias y geriátricos. Un foco de infección pero también de desprotección de sus plantillas que sopesa (agrupados en varias entidades) demandar al Gobierno por la falta de material con la que han trabajado y, en su caso, el riesgo que han corrido. En esta línea se pronunció en ABC el presidente de las gestoras de residencias, Ignacio Fernández-Cid (de la Federación Empresarial de la Dependencia), que señaló que el Gobierno solo facilitó morfina para sedar a los ancianos, y no tratamientos antiCovid. A él se unen otras voces críticas de entidades que trabajan con el colectivo. Alberto Giménez Artés, presidente de la Fundación Economía y Salud, defiende que «en realidad, pese a los mensajes que ha ido dando el Gobierno, las residencias fueron las primeras en tomar medidas de aislamiento». Y, tal vez, desliza a este diario, sea «la Administración la que tenga que responder» por los incumplimientos y por dejar a su suerte a un sector que tiene ingresadas a 350.000 personas (cifra que se ha duplicado en los últimos diez años) en 5.400 centros en todo el país, el 70% de ellos en manos privadas.
Según desgrana en conversación con este periódico Giménez Artés, «el problema no ha sido la falta de cuidados por el personal de las residencias, sino por la falta de material». «Es lógico pensar, por otra parte, que en un edificio de estas características, donde se cuida y no es un hospital, si entra la infección, afecta en gran media a sus residentes».
Pero, al decir del presidente de esta fundación, «a las residencias se les ha cargado en este mes y medio de tragedia innecesariamente. Ha sido el motivo de la polémica por las declaraciones controvertidas de la ministra Margarita Robles, pero se está olvidando que la gran mayoría de las residencias de mayores en este país han estado a la altura». «El ensañamiento que ha dirigido el Gobierno no se corresponde con el trabajo hecho», asegura. Habrá que ver, añade, lo que dicen los fiscales respecto a las casi cien causas abiertas por parte de la Fiscalía al observar indicios de mala actuación en algunas residencias, sobre todo de Madrid y Cataluña.
