19/09/2023.- La política sanitaria es la forma de gobierno mediante la cual se rige y se regula la salud para la búsqueda del bien común de la ciudadanía. Sus objetivos principales son maximizar la salud y reducir las desigualdades para aumentar la calidad de vida y la eficiencia.

Con el fin de entender mejor cómo repercuten los cambios políticos en las Comunidades Autónomas en las políticas sanitarias, entrevistamos a Carlos Alberto Arenas Díaz, médico especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva. Experto en Gestión y Planificación Sanitaria y Vicepresidente de la Fundación Economía y Salud.

Una de las cuestiones que hacen más los profesionales, tanto trabajadores como proveedores del sector, y también la población en general interesada en la evolución de las prestaciones y políticas sanitarias en España, es: ¿Cómo influyen los cambios políticos en las políticas y las prestaciones sanitarias en las Comunidades Autónomas?

Es una pregunta muy interesante y que se puede contestar diferenciando dos vertientes: la de la política sanitaria y la de la asistencia sanitaria. En la práctica, los cambios políticos en las Comunidades Autónomas (CC.AA) producen cambios limitados en la asistencia sanitaria, que está muy regulada. Los servicios de salud de las CC.AA se comportan desde el punto de vista de teoría organizativa como burocracias profesionales rígidas, grandes y muy inmóviles. Los cambios son difíciles y cuestan tiempo.

En cambio, en la política sanitaria que puede legislar la Comunidad Autónoma, (dentro de los márgenes permitidos por la Ley General de Sanidad, y otras grandes leyes estatales como la de Cohesión y Calidad, de Salud Pública, etc.), hay más margen de modificación y cambio.

¿En qué pueden consistir en concreto esos cambios? ¿podría explicar mejor esa diferencia entre asistencia sanitaria y política sanitaria con ejemplos?

Sí. La asistencia sanitaria que va a recibir la población no va a variar mucho por el cambio político, porque va a seguir funcionado de manera muy parecida. La organización de la sanidad pública va a seguir financiada por impuestos, y con un proveedor público muy mayoritario –el servicio de salud autonómico– donde el personal es asimilable al funcionariado (personal estatutario).

El paciente no va a notar grandes cambios: seguirá teniendo que pasar por el médico de familia para tener una cita con el especialista, y sufrirá más o menos demoras, que son difícilmente evitables en el modelo que hemos elegido de sanidad pública. También seguirán siendo igual los porcentajes que tenga que pagar por la medicación de receta, pues depende de una ley estatal. La parte técnica de la prestación será muy parecida, dependiendo más de la evolución del conocimiento y de la rapidez de incorporación de este conocimiento a las instituciones sanitarias.

Los servicios de salud de las CC.AA se comportan desde el punto de vista de teoría organizativa como burocracias profesionales rígidas, grandes y muy inmóviles. Los cambios son difíciles y cuestan tiempo.

¿Entonces qué es lo que puede variar realmente con los cambios políticos?

Lo que puede cambiar es la parte de política sanitaria que controlan las CC.AA. y que no entre en conflicto con leyes nacionales. En algunos casos es importante, aunque no tienen capacidad para hacer modificaciones de calado en política sanitaria global; pero sí pueden suponer cambios que a medio y largo plazo pueden ser importantes para la Comunidad y sus usuarios.

Por ejemplo, tenemos el caso de la política sanitaria en la Comunidad Valenciana que se ha desarrollado estos años en contra del modelo de concesión administrativa en sanidad (vulgarmente conocido como “Modelo Alzira”, al ser el Hospital de La Ribera de Alzira el primero con este modelo de gestión). Este modelo fue adoptado en la Comunidad Valenciana por el gobierno del PP y en la última legislatura de Gobierno del PSOE con Compromís, por el Pacto del Botánico, se decidió eliminarlo de la Comunidad. Recordemos que es un modelo que permite trasladar a una empresa concesionaria privada (por concurso público), la gestión y provisión de la sanidad pública de una área sanitaria o un hospital. Este es un modelo avalado por la Ley como posible, pero se decidió eliminarlo.

¿Y qué supuso esa decisión? ¿Desde su punto de vista fue una decisión adecuada?

Desde mi punto de vista fue una decisión política, no basada en criterios técnicos y fundamentada en el prejuicio hacia la gestión de los servicios públicos por empresas u organizaciones privada. Es una decisión basada en aspectos ideológicos; en unos juicios de valor de cómo deben de ser las cosas. En este caso, que la gestión de la sanidad debe ser pública y cualquier otra alternativa no es válida o aceptable. Como técnico no estoy de acuerdo con esta posición.

Hay bastante evidencia disponible, científica, técnica y factual de que el modelo Concesional en la Comunidad Valenciana funcionaba y funciona en las áreas que gestionan bien. Ofreciendo una reducción de costes sin disminuir la calidad, ofertando una cartera de servicios, en general, superior a la de los hospitales públicos de su categoría y estableciendo innovaciones organizativas como el énfasis en la prevención y el compartir e integrar servicios entre hospitales cercanos.

¿Qué supuso entonces exactamente ese cambio de política sanitaria?

Supuso que no se renovara la concesión al primer hospital y área con ese “Modelo Alzira”. Posteriormente, le siguió Torrevieja, asestando un duro golpe a un modelo de gestión que puede ser una buena alternativa al modelo de gestión pública directa, y del cual podría y debería haber aprendido el sistema público. No es bueno, en general, tener monopolios en un sector, ya sean públicos o privados. Un ejemplo es el sector ferroviario: mientras hay un monopolio de Renfe los precios son más caros que en las líneas donde ya hay otros proveedores en la Alta Velocidad como entre Madrid y Valencia o Madrid y Alicante.

En la práctica hubo que invertir mucho más dinero en el Hospital de Alzira para que hiciera la misma actividad. En definitiva, se gasta más dinero público para hacer lo mismo o menos. La eficiencia así se resiente.

 

La organización sanitaria ideal es aquella que establece un sistema de salud público con políticas sanitarias equitativas para todos y en el que los proveedores (tanto públicos como privados) puedan, tanto competir, como colaborar entre sí, para mejorar la calidad y la eficiencia bajo el control público.

¿Y para usted, esa apuesta por la gestión totalmente pública es la más adecuada?

Es una apuesta continuista y cómoda para un político, porque evita conflictos con agentes sociales y el desgaste en un tema sensible de ser usado como arma política como es la sanidad. Pero no es la que necesita el Sistema Público de Salud para avanzar en calidad, productividad y eliminación de las demoras. Los sistemas públicos con personal funcionario, o similar, tienden a ser macroeficientes por el control de las prestaciones y la posibilidad distribución de los recursos en función de la población, pero tienen problemas de ineficiencia a nivel de la mesogestión y microgestión sanitaria, puesto que son sistemas más rígidos en la gestión del personal y muy limitados para incentivar la eficiencia y la productividad. Este es un problema que tienen nuestros Servicios de Salud en las CC.AA. (excepto Cataluña, que tiene sus peculiaridades, con muchos proveedores privados). Hay mucha evidencia disponible de que los sistemas funcionariales no incentivan la productividad y la eficiencia, de hecho, el funcionariado no se creó con el fin de ser productivo, sino con el fin de certificar, asegurar y canalizar la autoridad pública.

Desde mi punto de vista fue un importante error implantar en el personal sanitario un régimen estatutario que los equipara, en la práctica, con el personal funcionario, ya que es un modelo homogeneizador y desmotivante para un personal que debe ser ágil y en continua mejora, formación, estímulo, etc. Es un régimen que da una seguridad al profesional, pero poco motivante, puesto que, además, no se reevalúa periódicamente sus competencias, como sí se hace en la mayoría de los países desarrollados.

Los modelos alternativos se pueden comportan de manera más ágil e incentivar mejor al profesional. Hay que recordar que, en una Concesión, ya sea sanitaria o de otro tipo, se delega la gestión a una empresa, pero la titularidad, el control y otros muchos aspectos como la coordinación, y el control de la calidad sigue siendo público, lo que puede dar garantías de que la prestación será óptima, rápida y eficiente.

¿Entonces considera un buen modelo el Concesional? ¿Cuál sería para usted la organización sanitaria ideal?

Para mí, la organización sanitaria ideal es aquella que establece un sistema de salud público con políticas sanitarias equitativas para todos y en el que los proveedores (tanto públicos como privados) puedan, tanto competir, como colaborar entre sí, para mejorar la calidad y la eficiencia bajo el control público.

En la gestión pública, y esto es una responsabilidad política, sería muy importante modificar el régimen estatutario para hacerlo mucho más flexible y evaluable. Desde mi punto de vista, se necesitan cambios que no dependen tanto de las autonomías, como del nivel de política nacional. Y cito algunos ejemplos:

• Permitir la prestación abierta y global al ciudadano con colaboración entre proveedores públicos, empresas, fundaciones, consorcios, concesiones administrativas y proveedores privados, ofreciendo la prestación a los de mayor calidad y eficiencia.
• Eso supone dar más capacidad real de elección del proveedor al ciudadano.
• Incentivar de manera real y eficaz las prácticas que mejoren la productividad, rapidez y calidad de la prestación sanitaria.
• Flexibilizar y modificar el estatuto del personal sanitario de manera integral para hacerlo una verdadera herramienta de gestión del personal, moderna, o apostar por incorporar al régimen laboral común todas las nuevas contrataciones de personal en los servicios de salud; declarando el régimen estatutario o funcionarial a extinguir.

En este sentido, la extensión del modelo concesional de manera controlada y bien regulada ayudaría a hacer realidad estos hitos propuestos.

¿Tienen guías válidas y accesibles los políticos para mejorar las políticas sanitarias del sector salud, haciéndolas más eficientes?

La Fundación Economía y Salud ha publicado varios libros, basándose en el conocimiento de expertos, sobre cuáles serían las medidas más consensuadas para mejorar el sistema de salud español. En estos libros, de acceso gratuito en la web de FES, hay una base perfecta para empezar a diseñar las reformas sanitarias que necesita nuestro país.

Además, ayudamos a los Servicios de Salud a hacer una autoevaluación de su calidad y eficiencia sobre la base de esas medidas de consenso. A los nuevos gobiernos les ofrecemos esta prestación a través de nuestro Índice FES, que les puede ayudar a conocer su situación en las medidas e indicadores de gestión más eficientes consensuados por los expertos.